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Ceuta, Melilla... y las vallas hasta el cielo.

Archivado en Política y Sociedad • Fecha: 15-10-2005 12:39:06

Revista Pueblos

Jesús A. Núñez Villaverde* / Revista Pueblos.-En febrero del próximo año las vallas metálicas que separan a Ceuta y Melilla del vecino territorio marroquí llegarán a los seis metros de altura. ¿Por qué no doce... o veinte? Si tan seguros estamos de que la resolución del problema que plantean quienes incesantemente se hacinan en sus inmediaciones- esperando el momento para saltar a lo que, equivocadamente, consideran el paraíso en el que van a ver resueltos todos sus problemas- depende de la altura de las vallas, bien podríamos construir unas lo suficientemente resolutorias como para hacer que abandonaran su objetivo. A no ser que, impulsados por un inexplicable afán deportivo, pretendamos estimularlos poco a poco a superar el record de traspaso de vallas, aumentando progresivamente su altura, al tiempo que vamos dedicando partidas presupuestarias a la construcción de una infraestructura que sabemos de antemano que pronto será sustituida por otra.

Por la misma razón, si sabemos que el problema termina definitivamente por resolverse con más fuerzas policiales, e incluso militares, podríamos desplegar todas nuestras tropas (excepto, en todo caso, las que tenemos empeñadas en misiones internacionales de paz) a lo largo de esas vallas. Así las tendríamos empleadas en algo muy tangible, aprovechando que España no identifica actualmente ninguna amenaza militar exterior, y no necesitaríamos gastar más tiempo en preguntarnos sobre las extrañas razones por las que, tanto magrebíes como subsaharianos, se empeñan en querer llegar a nuestro mundo.

¿Realmente somos tan ciegos para no verlo? ¿Cuántos muertos más necesitamos, no sólo en Ceuta y Melilla sino en las aguas del estrecho de Gibraltar o del Atlántico próximo a las islas Canarias, para convencernos de la necesidad de cambiar nuestros enfoques? Es evidente que hay que hacer algo para gestionar un problema coyuntural como puede ser la sucesión de avalanchas que se ha registrado en este último mes en las dos ciudades (con el resultado provisional de ocho muertos). Y ese algo pasa por incrementar la vigilancia en las zonas próximas con más medios y por una mayor colaboración entre las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes.

Tal como el jefe del gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, y el primer ministro marroquí, Driss Jettu, manifestaron conjuntamente ayer en Sevilla, como colofón a una Reunión de Alto Nivel que transmite la imagen de una plena normalización de las relaciones bilaterales, hay una voluntad conjunta para avanzar en esa línea. España ha reforzado la presencia en las vallas (con el despliegue de unos 700 soldados que, conviene recordarlo, no están ni instruidos ni equipados para tratar temas de orden público), mientras que Marruecos anuncia que ha incrementado en unos 1.600 efectivos policiales los 7.000 que ya tenía desplegados alrededor de las dos ciudades.

Sin embargo, la experiencia nos enseña que ninguna de esas medidas servirá más que para parchear, también coyunturalmente, el problema. Donde se está jugando la verdadera evolución de este tema no es en el ámbito securitario, sino en el socioeconómico y en el político. Ninguna barrera física detendrá a quienes buscan un futuro mejor lejos de unos países en los que imperan unos sistemas basados en la apropiación de las riquezas nacionales por unos pocos y en los que sus necesidades básicas no llegan a ser satisfechas.

Lo que se plantea, por tanto, es la necesidad, y la urgencia, de reformar en profundidad los sistemas desiguales y discriminatorios que caracterizan tanto al Magreb como a muchos países subsaharianos. Ésta es una tarea que reclama, en primer lugar, una voluntad política por parte de los regímenes que actualmente controlan esos países para abandonar unos modelos planteados básicamente en defensa de los privilegios de la clase dominante. Sin su concurso, cualquier cambio se hace no sólo extremadamente difícil, sino que apunta a escenarios de crisis y conflicto violento, en la medida en que tratarían de resistir por la fuerza el empuje de una población mayoritariamente marginada de los beneficios de los sistemas actuales.

Pero no menos importante para avanzar en esa línea de reformas es la implicación de los países desarrollados, entre los que la Unión Europea destaca con luz propia, para vencer sus propias inercias. Unas inercias que nos han llevado durante demasiado tiempo a preferir el mantenimiento del statu quo, por muy injusto que éste pudiera ser para la creciente población africana, antes que aventurarnos a utilizar nuestros poderosos instrumentos comerciales, políticos y diplomáticos para acelerar los procesos de cambio que tímidamente pudieran emerger desde el seno de esas sociedades (sobre todo, si venían identificados de algún modo con el islamismo político) y para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Hasta ahora- y ahí están para demostrarlo dos simples ejemplos, entre muchos posibles, como los descafeinados resultados de la reciente cumbre de la ONU para revisar los compromisos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las resistencias de Bruselas y de Washington a aceptar plenamente las reglas del libre comercio en el terreno agrícola- seguimos anclados en la defensa de nuestros intereses, convencidos de que disponemos de barreras de protección (incluyendo las militares) que nos permiten seguir a salvo del caos y el descontrol en el que parece haberse sumido una parte nada desdeñable del planeta. Seguimos, asimismo, convencidos de que basta con atender a los síntomas más visibles de los desajustes que este modelo global pueda provocar, para sentirnos a salvo, sin necesidad de modificar sus bases.

Si ante lo que ocurre ahora en Ceuta y Melilla nos contentamos con reforzar nuestras defensas y proclamar nuestra intención de plantear el tema en el próximo Consejo Europeo- para hacer ver, con razón en este caso, que el problema no es sólo de España o de Marruecos, sino que debe implicar a la Unión Europea en su conjunto- poco habremos avanzado para evitar que, cada vez con más frecuencia, surja una nueva crisis que nos demuestre lo equivocado de ese enfoque. Marruecos tiene aún muchas asignaturas pendientes para desembarazarse de unos esquemas que siguen condenando a una gran parte de su población a la pobreza y a la marginación. Pero también la Unión Europea necesita reformular su política de desarrollo (entendida como algo más que la ayuda oficial al desarrollo) y de inmigración, concebida hasta hoy más como una cuestión de control policial que de fomento del desarrollo en los países de emisión de emigrantes. No resuelve nada si el próximo Consejo Europeo sólo decide incrementar la ayuda a Marruecos... para mejorar sus capacidades de control de fronteras y de represión de irregulares.

* Jesús A. Núñez Villaverde es Director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH, Madrid). Este texto ha sido elaborado para Radio Nederland el 30 de septiembre de 2005 y publicado por el IECAH el pasado 5 de octubre.

Escrito por Prensa Alternativa
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