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Hacia una República federal. Conferencia pronunciada en la Universidad Autónoma de Madrid, en marzo de 2005.

Archivado en Política y Sociedad • Fecha: 25-09-2005 18:56:26

Hacia una República federal

Joaquín Navarro Estevan / Rebelión.- No se puede ser republicano sin proclamar la necesidad del federalismo, una de las calamidades más graves que se pueden plantear entre los republicanos es volver a la contienda entre unitarios y federales. Después de la prolongada lepra de la Dictadura; vividas las tensiones de la República con la reivindicación nacionalista de Cataluña, Euskadi y Galicia;potenciadas estas pretensiones nacionales ante el fraude que han supuesto las autonomías (descentralización puramente administrativa por graciosa concesión del Estado, que puede ser suspendida o anulada por el Tribunal Constitucional); el mero planteamiento de una República unitaria equivaldría al desastre. Si es cierto, y lo es, que nuestro Estado es un Estado plurinacional y pluricultural, ello implica que está integrado por una pluralidad de naciones que, como tales, aspiran a la supervivencia y a un desarrollo político congruente.

Son naciones sin Estado que reivindican el reconocimiento de lo que son para decidir libre y democráticamente lo que quieren ser. Desde luego, no quieren ser dependencias administrativas del Estado que les otorga “Cartas autonómicas” prácticamente uniformes. Exigen la soberanía necesaria para ejercer el derecho de autodeterminación. No es una aspiración voluntarista. En nada se parece a un esperpento. La carta fundacional de Naciones Unidas y su resolución 2625 establecen con toda claridad y contundencia:

“Todos los pueblos tienen derecho a determinar libremente, sin ingerencias externas, su condición política”.

No es cierto que sea aplicable exclusivamente al proceso descolonizador. El Estado británico ( el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está integrado por cuatro naciones: Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y País de Gales. Dinamarca reconoció el derecho de autodeterminación de las Islas Feroe. Québec lo ha ejercido en dos ocasiones. Finlandia, antiguo Ducado del Zar, consiguió la independencia en 1917. Noruega se independizó a principios del siglo XX, de Suecia. El Eire- Estado libre de Irlarnda- obtuvo su independencia inmediatamente después de la I Guerra Mundial.

Aquellos políticos y pensadores que aseguraban que los Estados son hechos “dados” que no se pueden alterar con el uso de la violencia no pueden explicar estos datos. Tampoco pueden ofrecer una explicación razonable a la independencia, sin violencia alguna, de los tres países bálticos ( Estonia, Letonia y Lituania) o de Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia-Montenegro, Chequia y Eslovaquia. No faltan los pensadores “exquisitos” que aseguran muy serios que el régimen federal esta en decadencia. Quieren así salir al paso de las opiniones federalizantes del Estado Español que proliferan en los últimos tiempos. Pero cumplen mal su encargo. En la actualidad, más del 40% de la población mundial viven en regímenes federales.

Tampoco faltan los que alardean, con la seguridad típica de los ignaros o la infinita audacia de los políticos incultos y mordaces, que las autonomías hispánicas tienen más competencias que los Estados federados. Saben que no es así. Y saben, sobre todo, que en las Autonomías no existe ni un ápice de soberanía ni de libertad política. Es de eso de lo que se trata. En el acuerdo de Viernes Santo entre el Vester, el Reino Unido e Irlanda nada se discutió sobre competencias fiscales, de seguridad social o penitenciarias.

Se debate la independencia, es decir, el máximo ejercicio nacional de la autodeterminación y la soberanía.

Con todo, la crítica más arriscada contra la autodeterminación y el federalismo es la que se formula, desde la derecha y la izquierda instalada, contra el “regreso” al tribalismo y al nacionalismo excluyente y reaccionario de los “independentistas”. Es conmovedor. El Estado español ha sido posible, a partir del S. XVIII mediante el ejercicio sistemático de la coacción, la violencia, el asesinato en masa, el fraude y el abuso. Sin embargo, para muchos, como sabemos, todo lo que existe es porque debe existir. Que nadie lo toque. Esto es lo progresista. Desconocer la tenacidad y la fuerza colectiva con que se defiende el proyecto nacional de Euskalherria, Catalunya y Galicia, como proyecto popular e interclasista; ignorar la violencia que se ha ejercido y se ejerce, con toda brutalidad, contra ese proyecto, es, al parecer, progresista. Sobre todo cuando esa ignorancia y esa violencia se practican desde actitudes radicalmente españolistas. No hay en el Estado un nacionalismo más excluyente y violento que el nacionalismo español. Pero ocurre como en el terrorismo. Sólo es nacionalismo el de los “otros”. Sólo es terrorismo el de los otros. El nacionalismo español y el terrorismo de estado son otra cosa. Son “nuestros” o de “nuestros hijos de puta”.

Como ha dicho Daniel Reventós:

“La gran tradición republicana, la tradición de la libertad, la tradición que combatió toda expresión política de la tiranía y el despotismo, sin olvidar la que anida en los entresijos de las relaciones sociales, esta tradición milenaria, apostó claramente por la independencia material como criterio de ciudadanía plena”.

Pero esa independencia material o, si se prefiere, esa igualdad radical, no es posible sin libertad política, que es la libertad como ciudadanos. La libertad y la igualdad de la República no admitan dependencias ni servidumbres. Son la libertad política y la igualdad esencial de los dioses. En el hermoso poema de León Felipe al niño judío que aguarda su turno ante los hornos crematorios de Auschwicz, se dice algo estremecedor, propio de la mejor tradición republicana:

“Israel, tú que fundaste el monoteísmo, recuerda siempre la vieja sentencia: son dioses todos los hombres y mujeres de este mundo”.

Esta es la mejor descripción del ciudadano republicano, liberado de servidumbres, hipotecas y dependencias. Su libertad es total, su igualdad con los demás es absoluta. Por eso el ideal republicano proclama un laicismo radical. Dios y la religión, instalados en la vida social, suponen una enorme desigualdad y una dependencia incuestionable. Los ciudadanos republicanos son los “dioses” de la República. Y los dioses no admiten discriminación, vejación o dependencia.

En la tradición española República y federalismo van de la mano. El posibilismo y el pragmatismo de la “izquierda instalada” ( o juancarlistas) ha dejado al margen el discurso republicano en la España postfranquista. Su compromiso con la monarquía y su renuncia al federalismo, a favor de las autonomías, además de envilecer su propia tradición, sitúa la lucha por la República en otro lugar ideológico, subordinado a la resolución de los conflictos nacionales. Como ha escrito Gary Hayek, si en 1873 y 1931 la proclamación de la República fue por delante del federalismo, hoy las luchas nacionales de Euskadi, Cataluña y Galicia ( y otras emergentes), su independencia o federalización van por delante de la cuestión republicana. Si la primera y la segunda República trajeron el federalismo, son ahora las luchas nacionales las que pueden traer la República. Cuando menos, ambas luchas- la republicana y las nacionales de los Estados federales emergentes- van de la mano.

El federalismo se basa en el pacto. Pactos de abajo hacia arriba entre los ciudadanos de un mismo territorio local o provincial, entre esos territorios para formar una nación y entre esas naciones para constituir un Estado federal o confederal. Pactos libres de ciudadanos libres e iguales cuyo proyecto de emancipación humana, política, social y económica esta vinculada a la República Federal, que es la fórmula de gobierno en la que, por definición y naturaleza, no hay lugar a la desigualdad a la discriminación ni a la dependencia. Quienes sostienen que “la República es para los republicanos” se autoexcluyen de la ideología republicana. La República es para todos los ciudadanos por igual. O es igualitaria, en todas las acepciones del término, o no es.

Estamos, por tanto, hablando de una República democrática, que nada tiene que ver con la República aristocrática de la Antigüedad griega y romana y con ciertas realidades modernas, atenidas a lo que confusamente se llama “imperio de la ley”. Al frustrarse la representación democrática, sustituida por oligarquías partidarias, la ley es desigual y provoca desigualdad. Así ocurre en las Repúblicas parlamentarias, donde tanto la “identidad” como la representación del Estado reside, teóricamente al menos, en el Parlamento. Es una causa de inestabilidad e inautenticidad del Gobierno republicano y del sistema republicano en su conjunto. Es preciso establecer mecanismos de equilibrio y racionalidad política que refuercen la estructura de la República y promuevan la libertad política y la igualdad social que representa.

La primera y más fuerte garantía es la República Constitucional. Su máximo representante, el Jefe del Estado Federal, deberá ser elegido popularmente, no por el Parlamento. Los miembros del Parlamento serán también de elección popular. El Presidente de la República concentra en su persona el principio de identidad política y representativa del Estado Federal o Confederal y de los Estados federados, sin perjuicio de que cada uno de estos elijan también a su propio presidente. El parlamento federal ostenta el principio de representación política de la sociedad en su conjunto, lo que no excluye a las Asambleas legislativas de los Estados Federados. Esta dualidad democrática en el Ejecutivo, con controles recíprocos, unida a la pluralidad en el Legislativo, son miembros esenciales de una democracia radical. Nadie podrá decir más esa sandez tan repetida de que la República puede ser también, como “esto” que tenemos, un régimen oligárquico, con fraudes, deficiencias democráticas y con una corrupción galopante. Una República Constitucional no hubiese sido liquidada por el golpe de 1936. Sus mecanismos de prevención, seguridad y defensa, coordinados por un Presidente de elección y control popular, hubiesen bastado para abortar la franquistada. Ese Presidente hubiese representado la identidad política de la República- juntamente con su Gobierno- mientras el parlamento estatal ostentaba la representación legislativa de la sociedad civil.

Al hablar de una República Federal se plantean de inmediato dos problemas. El primero es si el carácter “federal” va a ser respetado en su integridad. El segundo, si todos los Estados federados van a ser simétricos. Ni lo uno ni lo otro. Un régimen federal tiene en su seno la semilla de la confederalidad. Cualquier Estado federado puede legitamente decidir que el “traje” le viene estrecho, que necesita “más”. Nadie le puede negar otro ejercicio de autodeterminación para convertirse en Estado confederado, relajando su vinculación a las instituciones confederales y ampliando sustancialmente sus competencias. Es más, la actual situación española abona mucho más, ante la intensidad e irracionalidad, de las exigencias centrípetas del nacionalismo españolista, la estructura confederal del Estado. Leer más [...]

Escrito por Prensa Alternativa
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