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Exigen alternativas menos impactantes al proyecto actual de Anillo Insular. Nota de prensa de Ben Magec-Ecologistas en Acción.

Archivado en Notas de prensa • Fecha: 10-06-2005 16:27:25

Ben Magec-Ecologistas en Acción demanda la retirada del Proyecto de trazado del TRAMO 2 (entre los P.P.K.K. 7’060 y 13’040) de la vía rápida Adeje-Guía de Isora-Santiago del Teide, por considerarlo contrario a la Ley de Directrices de Ordenación General y contrario a los criterios de sostenibilidad en los que se debe basar los planes de movilidad insular.

Los ecologistas creen que intervenciones como la eliminación de algunas curvas, la creación de terceros carriles para vehículos lentos y una mejora general en la seguridad en la vía actual resultarían suficientes para minimizar los niveles de congestión de tráfico por los que se justifica el Proyecto.

Para Fran Castro, representante ecologista “este proyecto supone una obra faraónica que destruiría, en solo los seis kilómetros previstos, más de 200.000 m2 de espacios con alto valor agrícola, que necesita movimientos de tierra importantísimos y traería consigo la generación de grandes volúmenes de escombros que incrementarían el ya de por sí tremendo impacto paisajístico propio de una obra como esta”.

Además el representante ecologista valora como desproporcionado el coste económico del proyecto, presupuestado en casi ochenta millones de euros (más de dos mil millones de las antiguas pesetas por cada kilómetro de autovía), teniendo en cuenta que los mismos objetivos se pueden alcanzar con otras actuaciones menos impactantes y más baratas.

Ben Magec-Ecologistas en Acción del proyecto, que pretende aumentar en unos 20-30 km/h la velocidad media, se puede conseguir igualmente con las modificaciones y mejoras en la carretera TF-82 que se proponen.

Todos estos argumentos le confieren al proyecto de este tramo del anillo insular la categoría de auténtico despropósito y es un episodio más de la política de despilfarro innecesario y destrucción del territorio en la que se ha metido la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular, en detrimento de otras prioridades para la Isla.

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